Por: Euren Cuevas Medina

Abogado, director ejecutivo de INSAPROMA

Profesor de la UASD

A menudo, al hablar de riqueza en la República Dominicana, limitamos nuestra visión a lo que reposa en nuestras cuentas bancarias o a los bienes materiales tangibles que poseemos a nivel individual: una vivienda, una motocicleta, un vehículo o un pequeño negocio. Sin embargo, estamos ignorando la realidad fundamental de nuestra condición como ciudadanos: todos los dominicanos somos ricos, inmensamente ricos.

Nuestra verdadera riqueza no reside únicamente en lo privado, sino en nuestro vasto patrimonio común. Somos copropietarios de una nación privilegiada: nuestras playas cristalinas, nuestros ríos caudalosos, nuestras lagunas, la biodiversidad de nuestros parques nacionales y áreas protegidas, así como la infraestructura de parques municipales y carreteras que conectan nuestra geografía. Todo ese patrimonio material es, por derecho constitucional, propiedad de cada uno de los dominicanos.

No obstante, estamos viviendo una paradoja dolorosa. Aunque este patrimonio nos pertenece a todos, el acceso a su disfrute real es un privilegio reservado para un grupo muy reducido. Mientras la mayoría de la población enfrenta una realidad marcada por salarios mínimos que apenas alcanzan los 10 mil pesos mensuales, frente a una canasta básica que escala peligrosamente hacia los 50 mil pesos, el disfrute de nuestros bienes comunes se vuelve una utopía.

Esta brecha no es un accidente; es el resultado de políticas públicas que, en la práctica, funcionan como un mecanismo de exclusión social. Se nos ha confinado a una suerte de «esclavitud económica» donde el alto costo de la vida y la falta de oportunidades impiden que el ciudadano común pueda siquiera acceder a los recursos naturales y espacios que le pertenecen por derecho. La desigualdad, llevada a este extremo, no es solo un indicador estadístico, es una forma de dictadura que castiga a la mayoría mientras protege la sobreabundancia de unos pocos.

Más preocupante aún es la tendencia actual de traspasar estos bienes comunes al sector privado. Lo que era del pueblo dominicano, según el mandato constitucional, se está convirtiendo en un servicio por el cual debemos pagar a un tercero para obtener acceso. Este proceso no solo es un retroceso en el desarrollo social, sino que roza la inconstitucionalidad, al privatizar el derecho al disfrute de nuestro propio territorio.

La República Dominicana se define constitucionalmente como un Estado Social y Democrático de Derecho, donde todos somos iguales en dignidad, derechos y oportunidades. Para que este precepto deje de ser una letra muerta, necesitamos ciudadanos críticos, con la valentía de reclamar el cumplimiento de la Carta Magna.

Sin embargo, la crítica constructiva y la participación ciudadana requieren de una base firme: la dignidad humana. Nadie puede ejercer plenamente su ciudadanía cuando sus necesidades básicas de alimentación, educación de calidad, vivienda, salud y ocio no están resueltas. No hay democracia posible sin condiciones de vida que permitan al ser humano dejar de luchar por la supervivencia y empezar a vivir con dignidad.

Es hora de entender que nuestra riqueza común debe ser el motor de nuestro bienestar, y no el botín de intereses particulares. Reclamar lo que es nuestro es, ante todo, un acto de patriotismo y un paso necesario para construir una sociedad donde la abundancia no sea el privilegio de unos pocos, sino el derecho compartido de todo un pueblo.