Santo Domingo, República Dominicana.

Una amplia Coalición de Organizaciones de Asistencia Jurídica Solidaria solicitó formalmente al Ministerio Público y al Consejo del Poder Judicial la apertura de una investigación exhaustiva frente a lo que califican como una peligrosa y alarmante decisión emitida por la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA), la cual según denuncian pone en grave riesgo la integridad del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y del Parque Nacional Jaragua, uno de los ecosistemas más importantes del Caribe.

La decisión cuestionada fue dictada por los jueces Mildred Inmaculada Hernández Grullón, presidenta; Ramona Gutiérrez Batista e Ismael N. Ramírez Santana, mediante la cual se ordena al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales entregar 12,577,201.82 metros cuadrados de zona costero-marina del Parque Nacional Jaragua a favor de la empresa Inversiones del Sur, S.R.L., bajo el argumento de que dichos terrenos no forman parte del área protegida, basándose en un informe de la Dirección Nacional de Mensuras Catastrales.

Sospechas graves y antecedentes legales ignorados

La coalición denunciante calificó el fallo como sospechoso, señalando que los beneficiarios finales de esta decisión serían miembros de la familia Gadala María, quienes fueron declarados testaferros del dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina. Mediante la Ley No. 5816, del 5 de febrero de 1962, el Estado dominicano confiscó todos sus bienes, incluyendo las empresas Sal y Yeso Dominicana, Industria Nacional del Vidrio, Sisal Dominicano, Consorcio Algodonero, Aceite Ámbar y Sacos y Tejidos Antillanos, entre otras.

La decisión del TSA que genera alarma

Pese a este historial jurídico y ambiental, una amplia Coalición de Organizaciones de Asistencia Jurídica Solidaria solicitó formalmente al Ministerio Público y al Consejo del Poder Judicial la apertura de una investigación exhaustiva frente a lo que califican como una peligrosa y alarmante decisión emitida por la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA).

La coalición subrayó que resulta altamente contradictorio y jurídicamente inaceptable que, pese a estos antecedentes, se pretenda hoy transferir una porción sustancial del Parque Nacional Jaragua a los mismos intereses económicos.

Decisiones judiciales previas desconocidas por el TSA

Las organizaciones recordaron que el 23 de junio del 2013, el Registro de Titulos de Barahona emitió un certificado de título cancelando el título privado y pasando de manera formal los terrenos al Estado dominicano, amparados en la Ley No. 5816 de confiscación y la Segunda Sala del Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central confirmó la decisión mediante la Sentencia No. 2016000259, de fecha 30 de diciembre de 2016, por medio de la cual fue rechazado un recurso de apelación interpuesto por Mauricio Roberto, Ricardo Elías, Eduardo Elías y Carolina Alicia Gadala María, sucesores del fenecido Elías Gadala María, quienes reclamaban la parcela 512 del DC No. 03 del municipio de Enriquillo, provincia Barahona.

Dicha sentencia estableció de manera clara que esos terrenos pertenecen al Estado dominicano, conforme a la Ley sobre Confiscaciones No. 5816. Para la coalición, resulta inexplicable y alarmante que, pese a este precedente firme, el TSA haya ordenado la entrega de más de 12 millones de metros cuadrados del Parque Nacional Jaragua a esa misma familia.

Marco legal del Parque Nacional Jaragua

Las organizaciones recordaron que, además de ser bienes estatales por confiscación, los terrenos en disputa forman parte de un área protegida con un robusto blindaje jurídico nacional e internacional:  El Parque Nacional Jaragua fue creado mediante el Decreto No. 1105, del 16 de junio de 1983, su estatus fue consolidado con la promulgación de la Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales No. 64-00, en el año 2000, posteriormente fue regulado y ampliado definitivamente por la Ley Sectorial de Áreas Protegidas No. 202-04, incorporándolo formalmente al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP).

Responsabilidad política y desmontaje del sistema de áreas protegidas

La coalición acusó al expresidente Hipólito Mejía de ser responsable del intento de despojo y desmantelamiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, señalando que la Ley No. 266-04, que establece un polo turístico en las provincias Barahona, Pedernales, Independencia y Bahoruco, promulgada cuatro días antes de concluir su mandato en 2004, ha sido utilizada como fundamento por jueces y reclamantes para justificar la ocupación de terrenos protegidos del Parque Nacional Jaragua.

Violación de convenios internacionales vigentes desde 1942

La coalición enfatizó que desde el año 1942 está prohibido reducir los límites de las áreas protegidas para fines de explotación comercial, conforme al artículo 3 de la Convención para la Protección de la Flora, la Fauna y las Bellezas Escénicas Naturales de los Países de América, ratificada por la República Dominicana el 12 de enero de 1942.

Asimismo, recordaron que los principios de progresividad y no regresión ambiental son aplicables desde esa fecha y que los convenios y acuerdos internacionales ratificados por el país tienen jerarquía superior a las leyes nacionales, y en el caso de los derechos humanos incluidos los derechos ambientales tienen el mismo rango que la Constitución.

Esto, afirmaron, impide legalmente cualquier reducción de áreas protegidas con fines comerciales desde hace más de ocho décadas.

Llamado a la comunidad nacional e internacional

La coalición hizo un llamado urgente a la sociedad dominicana, a la comunidad internacional, a los organismos de derechos humanos y ambientales, y a las misiones diplomáticas acreditadas en el país, a observar y acompañar este proceso, al considerar que la sentencia del TSA sienta un precedente extremadamente peligroso para la protección ambiental, la seguridad jurídica y el Estado de derecho en la República Dominicana.

Organizaciones firmantes

La solicitud de investigación está respaldada por las siguientes organizaciones:

l Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA)

l Observatorio de Políticas Públicas de la UASD

l Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático

l Comisión Nacional de Derechos Humanos

l Comisión Ambiental de la Esperanza del Río Ozama (CAMBIESO)

l Red Dominicana de Estudios y Emprendimiento Afrodescendiente

l Coalición Enriquillo

l Coalición por la Salud y el Medio Ambiente de la Provincia Peravia

l Coalición Ambiental del Este

Asimismo, anunciaron que llevarán este caso hasta las últimas consecuencias legales:

l Fundación Proyecto Ecológico Macorís Verde

l Sociedad Ecológica de Nizao

l Asociación Dominicana de Especialistas Ambientales Públicos Autorizados (ADEAPA)

l Observatorio Nacional para la Protección del Consumidor (ONPECO)

l Asociación de Ganaderos de la Cuenca Alta Ozama–Isabela

l Frente de Agricultores Unidos por el Progreso (FEDAUPRO)

l Fundo Amor

l Fundación Oxacid

l Fundación Josefina Madé Luga

l La Nueva Barquita

l Espacio Nacional por la Transparencia en la Industria Extractiva, entre otras.