Santo Domingo, Mientras las autoridades migratorias de la República Dominicana reportan que 115,461 personas de nacionalidad haitiana han retornado a su país en lo que va de año, organizaciones de derechos humanos y de ayuda internacional alertan sobre el grave riesgo humanitario que esto representa ante el colapso de las estructuras estatales y la violencia generalizada en Haití.

Si bien se reconocen las declaraciones oficiales que enmarcan estas salidas —20,586 solo en agosto— en procesos que buscan ser ordenados y respetuosos, la realidad sobre el terreno en Haití plantea serios interrogantes sobre la sostenibilidad y el impacto humano de estos retornos. El país vecino se encuentra sumido en una crisis multidimensional extrema, con el control de vastas zonas del territorio en manos de bandas armadas, una inseguridad alimentaria crítica y un sistema de salud al borde del colapso.

Un Retorno a la Incertidumbre

«Un retorno ‘voluntario’ pierde su carácter genuino cuando la alternativa es la deportación y la persona huye de una persecución o de una miseria insostenible. Muchos de estos compatriotas haitianos llevaban años establecidos en República Dominicana, construyendo sus vidas. Ahora son devueltos a un escenario de absoluta precariedad, donde el acceso a alimentos, agua potable y seguridad básica no está garantizado», declaró un portavoz de una ONG internacional que trabaja en la frontera.

La política de repatriación, intensificada por el gobierno del presidente Luis Abinader, ha sido objeto de escrutinio por parte de organismos como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y ACNUR. Se han documentado casos de deportaciones que incluyen a personas en situación de alta vulnerabilidad, como mujeres embarazadas, menores no acompañados y víctimas de trata, quienes se reintegran a una comunidad de origen que carece de la capacidad para brindarles protección o apoyo mínimo.

Llamado a la Comunidad Internacional

Las organizaciones firmantes hacen un llamado urgente a:

1. La comunidad internacional: Para que redoble sus esfuerzos en abordar la crisis de seguridad y governance en Haití, que es la causa raíz del flujo migratorio.
2. Las autoridades dominicanas: A garantizar que en todos los procedimientos migratorios se apliquen estrictos protocolos de identificación de vulnerabilidades y se respete el principio de no devolución (non-refoulement), cornerstone del derecho internacional de los refugiados.
3. La cooperación bilateral y multilateral: A fin de crear mecanismos de protección temporal o regularización que respondan a la catástrofe humanitaria, más allá de las soluciones puramente securitivas.

La solución a la migración irregular no puede recaer únicamente en la interceptación y el retorno. Se requiere una respuesta regional coordinada y con un enfoque de derechos humanos que proteja la vida y la dignidad de las personas, reconociendo la gravedad excepcional de la situación en Haití.

Fuente/am