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El Departamento de Justicia de EE.UU., junto al FBI, ha obtenido una nueva evidencia que sugiere una posible obstrucción por parte de Donald Trump en la investigación de documentos clasificados encontrados en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, reportó este domingo The Washington Post, citando a fuentes familiarizadas con el asunto.
Los investigadores habrían descubierto que Trump revisó personalmente el contenido de algunas de las cajas que contenían registros gubernamentales clasificados, después de que sus asesores recibieran una citación para su devolución, «aparentemente por el deseo de mantener ciertas cosas en su poder», recoge el periódico. El artículo también recuerda que el equipo del exmandatario devolvió tan solo algunos de los documentos solicitados. Durante una búsqueda posterior del FBI, se encontraron más de 100 registros adicionales.
Además, a principios de 2022, antes de recibir la citación, el exinquilino de la Casa Blanca habría indicado a terceros que iban a engañar a los funcionarios del Gobierno, cuando la Administración Nacional de Archivos y Registros de EE.UU. estaba intentando recuperar documentos de la época de Trump como presidente. A pesar de que esta supuesta declaración no representa un delito, sí que podría servir como evidencia de las verdaderas intenciones de Trump.
El político incluso habría solicitado el consejo de otros abogados y asesores sobre cómo conservar los documentos después de que algunos miembros de su equipo le advirtieran de que tratar de ocultarlos podría ser legalmente peligroso, señalan las fuentes.
Según los reportes, las autoridades también habrían obtenido acceso a correos electrónicos y mensajes de texto de Molly Michael, una asistente del expresidente que dejó su trabajo el año pasado. La información recopilada habría brindado a los investigadores una comprensión detallada de la actividad diaria en la propiedad de Trump en «momentos críticos».
Por su parte, el portavoz de Trump, Steven Cheung, sostuvo que «la caza de brujas» que se está llevando a cabo contra el exmandatario estadounidense «no tiene base en los hechos ni en la ley». El vocero acusó al fiscal y al Departamento de Justicia de EE.UU. de haber «recurrido a la mala conducta» al filtrar información con el fin de «corromper el proceso legal», «manipular la opinión pública» e «interferir en las elecciones».
En enero del año pasado, en la residencia de Mar-a-Lago de Trump se encontraron 15 cajas con documentos clasificados. Unos meses después, en agosto, agentes del FBI registraron de nuevo su mansión. Encontraron 11 lotes de documentos clasificados, incluidos algunos marcados como ‘ultrasecretos’. En total, fueron confiscados 103 documentos clasificados y 18 materiales ultrasecretos.